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¿Qué le pasa al PP con el acceso de Rivas a la M-50?

El fin de semana pasado, representantes del equipo de gobierno de Rivas (de los grupos Somos Rivas –que engloba a IU y Equo- y Rivas Puede) y del grupo municipal socialista, en la oposición, nos encerramos durante 24 horas en el Ayuntamiento como protesta a la negativa del ministro de Fomento a sentarse a hablar de una solución acordada que haga posible el necesario acceso de la ciudad a la M-50. La enorme repercusión mediática que ha tenido el encierro, así como las numerosas muestras de apoyo recabadas entre vecinos y vecinas, unido a las más de 14.200 firmas recogidas por la Plataforma Ciudadana de Rivas, han desatado en el Partido Popular ripense una reacción tan lenta de reflejos –el encierro se produjo el viernes, y hasta el martes no se ha conocido su valoración, en una muestra más de su diligencia y capacidad de trabajo por nuestra ciudad- como confusa. Porque a estas alturas es difícil saber exactamente qué le pasa al PP con la conexión de Rivas Vaciamadrid a la M-50. En todo caso, no está de más repasar algunas de las perlas del argumentario que manejan tanto en su comunicado como en la nota difundida por el ministerio de Fomento y los comentarios de afines al PP en foros y redes sociales variopintas… More…

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El PP y Ciudadanos nos “castigan” a no salir de Rivas

Uno, viendo la estrategia desplegada en materia de transportes e infraestructuras viarias desde todas las administraciones en las que gobierna el PP, empieza a pensar que lo que pretende este partido es que quienes vivimos en Rivas estemos castigados a no salir de nuestra ciudad. Mejor que no se nos vea mucho fuera del término municipal, no sea que le “peguemos” algo –nuestro inconformismo, nuestro compromiso, nuestra manera de entender lo común como una herramienta para transformar la vida cotidiana en algo mejor- a quienes viven en otras ciudades y pueblos de Madrid. Bromas aparte, pocas explicaciones quedan, si no, para entender por qué el PP, con la ayuda de su muleta Ciudadanos, ha vetado las enmiendas al Presupuesto estatal que hacían posible la construcción de la conexión de Rivas con la M-50, o por qué ambos partidos se han unido en la Asamblea de Madrid contra la unificación en una sola de las dos zonas tarifarias en que está partida nuestra ciudad, o porqué desde la llegada del Metro a Rivas en 1999, seguimos corriendo el riesgo de convertirnos en calabaza –cual princesa de cuento- si perdemos el tren que sale a las once de la noche de Puerta de Arganda.

Lo de la M-50 es de traca. El proyecto de abrir un enlace con esta autopista ya cuenta con un estudio de viabilidad que fue ratificado por el propio Ministerio de Fomento. En esta revisión de la propuesta inicial de conexión se simplifica la obra que pasa a costar menos de 8 millones de euros, una cantidad muy inferior a lo presupuestado en proyectos anteriores. En marzo pasado, la Junta de Portavoces aprobó por unanimidad apoyar una ronda de contactos del alcalde con los grupos parlamentarios del Congreso para trasladar esta inversión a los Presupuestos Generales del Estado, que se saldó como comentaba más arriba con el descuelgue de PP y Cs impidiendo que ni siquiera pudiese debatirse. Para colmo, lo curioso no es sólo la persistente negativa de Fomento a asumir sus competencias, sino que el Partido Popular de Rivas, de la mano de Cs, ha pasado de sumarse a la reivindicación ante el Gobierno estatal a declarar públicamente que es el Ayuntamiento quien debe financiar la obra, transitando en apenas dos meses del “unamos fuerzas pidiendo lo que es justo par Rivas” al “si lo quieres, págalo tú”, desoyendo que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional contra actuaciones “que vulneran competencias estatales al versar sobre vías integradas en la red de carreteras del Estado (STC 112/2012)”. Es decir, que la realización de esta obra por parte del Ayuntamiento no sólo sería injusta desde el punto de vista económico sino además ilegal y ajena al orden constitucional.

Mientras, la portavoz del grupo de Ciudadanos en Rivas, la misma que no presentó ni una sola propuesta a los presupuestos municipales, ha declarado en un medio de comunicación en relación a la responsabilidad de sacar adelante la obra de la M-50 que “ahí no nos queremos meter”. Ni tienen posición ni se la espera.

La falta de credibilidad de estos partidos en materia de mejora de la conexiones y transportes de Rivas roza el escándalo. Desde este grupo, seguiremos trabajando por el máximo consenso local al respecto, porque con unidad seremos más fuertes para conquistar nuestras reivindicaciones, pero los y las vecinas deben conocer quién es quién en esta historia.

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Madrid, 2 de mayo de 2017: ‘¡Mueran las caenas!’

A Cristina Cifuentes le viene este Dos de Mayo como anillo al dedo para celebrar algo más que la fiesta autonómica de Madrid. Nada como un buen sarao para trasmitir normalidad, para reivindicar la inercia por la que el mundo sigue girando y las cosas fluyen. Hoy, la presidenta se envuelve en la bandera roja con las siete estrellas blancas de la Osa Mayor y lanza el mensaje de que la tormenta de corrupción destapada por la ‘operación Lezo’ no impide que ella, como dicta el guión de la cortesía institucional y la tradición, monte en la Real Casa de Correos la misma gala de todos los años.

En sus casi dos años de gobierno, Cifuentes no ha escatimado esfuerzos para marcar distancias respecto a la era Aguirre y su apéndice Ignacio González. Las últimas semanas, sin embargo, nos han recordado que Cifuentes ya era diputada autonómica cuando el ‘Tamayazo’ (2003) y que de hecho lo llevaba siendo doce años, y que en su dilatada trayectoria política ha ocupado responsabilidades como la de portavoz del grupo popular en la Comisión parlamentaria de Vigilancia de las Contrataciones –en el Madrid de la Gürtel y la Púnica; dato este, por cierto, oculto en su perfil biográfico como diputada y en el de presidenta regional– o diversos cargos orgánicos directivos en el PP madrileño que presidía Aguirre. Pero sobre todo, las últimas semanas en que han aflorado detalles escandalosos sobre el saqueo del Canal de Isabel II han salpicado a la actual presidenta poniendo de relieve un aspecto que hasta ahora había pasado desapercibido –y también obviado en sus reseñas oficiales-: fue vocal del consejo de administración del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, fechas incluidas en las investigaciones judiciales del mandato de González. Mientras intentaban privatizarnos el agua para llevárselo crudo, Cristina Cifuentes también estaba ahí. Y no dijo ni mu. More…

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El interés general por encima de los chanchullos de Aguirre

En Rivas, empezamos el curso pisando fuerte. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda aprobó el 14 de septiembre emprender acciones legales contra la sociedad de inversión SCI, participada accionarialmente por el Grupo Ortiz, con el objetivo de forzar una renegociación o anular el contrato firmado por el IVIMA en 2005, que acabó imponiéndose a las espaldas de nuestra EMV en virtud de un convenio firmado con el instituto autonómico para la gestión de una promoción de viviendas sociales de alquiler. Aquel contrato firmado por el Gobierno de Esperanza Aguirre supone un desembolso anual –hasta 2023- de un canon de más de un millón de euros para la EMV, aunque los ingresos por los arrendamientos no llegan al medio millón y a pesar de que cuando finalice el contrato la constructora –del grupo Ortiz- habrá recibido más de cuatro veces el dinero que invirtió en levantar los pisos.

Es un contrato claramente “abusivo y lesivo para los intereses municipales”. No lo digo yo, lo afirma un informe de la Interventora General del Ayuntamiento. Es por ello que casi todos los grupos municipales apoyaron la decisión tomada por el Consejo de Administración. Sí: CASI todos, porque el Partido Popular se abstuvo. A la pregunta: ¿por qué los vecinos y vecinas de Rivas tenemos que cargar sobre nuestras espaldas con los negocios que Aguirre diseñó para sus amiguetes?, el PP de Rivas no sabe, no contesta, pero con su silencio no está poniéndose precisamente del lado de los vecinos y vecinas de la ciudad, ni de quienes viven en esas viviendas sociales, ni de lo público.

Llegamos a esta situación después de varios intentos de diálogo con la empresa constructora contratista. Ojalá no hubiésemos tenido que recurrir a la vía judicial. Una de las primeras decisiones de Pedro Del Cura como alcalde fue la de revisar ese contrato, dentro del compromiso general por el sostenimiento, transparencia y nuevo impulso para la EMV que nos ha llevado en dos años a implementar una renta social que bonifica los alquileres de acuerdo a las necesidades de cada familia solicitante, desbloquear el VI Plan de Vivienda –cuya primera fase está a punto de entregarse, para alivio de las familias adjudicatarias- o municipalizar el servicio de alquiler, garantizando que el único interés que impere es el público. Todo este esfuerzo no va a tirarlo por la borda ningún chiringuito heredado forzosamente de la era Aguirre en la Comunidad de Madrid: no lo vamos a permitir.

La empresa SCI, del grupo Ortiz, no sólo no ha querido una solución justa negociada, sino que ha emprendido acciones judiciales contra el alcalde y miembros de antiguos consejos de administración de la EMV. No nos asustan estas estrategias de presión, ni ninguna otra. Mucho menos cuando hablamos de un grupo empresarial con varias sociedades que han aparecido recientemente citadas en investigaciones judiciales sobre tramas de corrupción política y casos de financiación ilegal del PP o CiU. El derecho a la vivienda, la función social de la misma y el interés general están por encima de los muchos chanchullos que los gobiernos de Aguirre propiciaron.

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¿Sólo un problema de fundamentalismo religioso?

La violación sistemática de derechos humanos en países con regímenes identificados como fundamentalistas islámicos suele reducirse -en los ‘análisis’ de los medios de comunicación o las conversaciones de café- a un problema de integrismo religioso, que de alguna manera establece una brecha de civilización y tolerancia entre “el mundo islámico” y las sociedades occidentales, de raíz cristiana aunque fuertemente secularizadas. Lo he comprobado con el aberrante caso reciente de Arabia Saudí. Es evidente que en dichos países se tortura, persigue y asesina en nombre de la fe, en este caso islámica, como es evidente que la concepción oficial que predican de esa fe es un rosario (con perdón) dogmático de odios y exclusión. More…

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¿Qué hacemos nosotros contra la violencia de género?

Perdonen que parafrasee a Neruda y que descontextualice, alterándolo, uno de sus versos más célebres para dotarle de otro significado, pero no puedo evitarlo: sucede que me avergüenzo de ser hombre. Un verano como el que hemos vivido, superando en los meses de julio y agosto la veintena de víctimas de asesinatos machistas –entre mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas masculinas y otras víctimas como amigas, novios o hijos e hijas-, sería motivo más que suficiente como para trascender de los titulares y los breves reportajes de actualidad en el telediario. Por desgracia, no dejo de tener la sensación de que estos frecuentes episodios han pasado a formar parte del triste paisaje sin que saquemos ninguna conclusión efectiva más allá de la condena instintiva que nos brota de la humanidad que aún nos queda y de la vergüenza forzada por lo políticamente correcto. More…

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Basta ya de impunidad con Valdemingómez

A finales del mes de junio, un incendio en un vertedero ilegal en los límites de la ciudad de Madrid con nuestra ciudad despertaba la preocupación vecinal a causa del humo y los malos olores producidos. El fuego, que se mantuvo activo durante dos semanas largas, y que por su complejidad de encontrarse entre montones de toneladas de basura en plena ola de calor precisó de labores de extinción especiales, vino a ser la punta del iceberg de un problema cuyo origen reside fuera de nuestro término municipal pero cuyas consecuencias sufrimos los vecinos y vecinas de Rivas: la ciudad sin ley en que se ha convertido Valdemingómez, un foco de impunidad en la Cañada Real Galiana en el que los delitos ambientales y el tráfico de drogas no han hecho más que crecer en los últimos años ante los ojos de las administraciones responsables (la Delegación de Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid) que en el mejor de los casos no han sabido ver la magnitud del problema, cuando no han ejercido la desidia y la permisividad. More…

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Comparte taxi: una alternativa para mejorar el transporte en Rivas

Uno de los principales problemas de Rivas es el transporte público. La negativa de la Comunidad de Madrid para modificar las líneas interurbanas a su paso por la ciudad (ampliando el servicio del barrio de La Luna, o reforzando el servicio a los centros de mayores y de salud), los recortes a la mitad en los búhos, o el tremendo agravio en el tramo de la línea 9 de metro desde Puerta de Arganda (pagamos más por un billete que nos da peor servicio en horario y frecuencias) son algunas de sus deficiencias.

Llevamos mucho tiempo presionando y negociando para encontrar soluciones. Pero mientras, no podemos esperar a que la Comunidad de Madrid quiera o no mover ficha. Por eso, hemos llegado a un acuerdo con una de las principales asociaciones de profesionales del taxi para fomentar el uso compartido de este transporte, lo que abarata el precio y aprovecha trayectos que hasta ahora aquellos taxistas que viven en Rivas (más de 260) hacían sin pasajeros entre nuestra ciudad y la capital. Mañana se presenta la aplicación móvil y los cinco nuevos puntos de recogida de taxis que se suman a las dos paradas ya existentes.

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Elecciones europeas en Rivas: algunas claves para una primera valoración

  • De una primera lectura rápida se extrae la irrupción con fuerza de Podemos como fuerza más votada (21,09%) y el desplome del bipartidismo: el PSOE baja del 42,3% de 2009 al 17,15% (25 puntos) y el PP, del 32,76 al 16,9% (casi 16 puntos, la mitad de su electorado).
  • Izquierda Unida, con un 17,18% frente al 11,49% de 2009, sube de tercera a segunda fuerza política, incrementa su porcentaje de voto en seis puntos y duplica el número de votos.
  • El resultado de UPyD (12,7% frente al 8,6% anterior) confirma igualmente ese desplome del bipartidismo.
  • El resultado de IU en Rivas es casi 7 puntos por encima de la media regional (10,51%): somos el 2º municipio en porcentaje de voto con mejor resultado para IU en Madrid (el primer municipio grande, ya que sólo supera por unas pocas décimas Villaconejos).
  • El voto de la ciudadanía ripense tiene claves diferentes en elecciones autonómicas, generales o europeas, respecto al voto en elecciones municipales. La mayoría política de IU en el ámbito municipal tiene unas particularidades que históricamente no se han visto afectadas de manera negativa por la movilidad del voto en otras convocatorias electorales. Como ejemplo, baste comparar el resultado de las europeas de 2009 (11,49%) respecto a las municipales de dos años antes, 2007 (45,44%), o de dos años después, 2011 (45,34%). O ese resultado de las municipales de 2011 (45,34%) con el de las autonómicas del mismo día (21,62%). More…

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Recortar o ensanchar la democracia: he ahí la cuestión

Lo del Partido Popular es alarmante no tanto por la impostura de llevar dos años ya en el Gobierno central y haber hecho todo lo contrario a lo que dijo Rajoy que haría con la educación, la sanidad, la dependencia o las pensiones; lo que de verdad hace encenderse todas las luces rojas de alerta es cómo la crisis no es sólo una excusa para imponer una agenda neoliberal asfixiante, sino la coartada perfecta para emprender una revisión a fondo de la arquitectura del Estado y de los consensos políticos y sociales de la Transición, una vez contrastado que las goteras están inundando el tópico de la modélica democracia española.

El Gobierno de Rajoy no es sólo un diligente esbirro de la Troika. Su hoja de ruta es la de poner patas arriba el Estado social y los lugares comunes de nuestra convivencia en un relato de continuo sacrificio por el bien de la modernización y regeneración del país. El resultado, una ‘restauración’ conservadora a base de reformas parciales de fuerte sesgo autoritario y antisocial. Lo vemos claramente en los últimos ejemplos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que otorga poderes parapoliciales a los vigilantes privados, en el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno a la ley anti-desahucios andaluza, o en la reforma de la administración local con la que se pone en riesgo la capacidad de los ayuntamientos de responder a los problemas cotidianos de la gente y prestar servicios públicos básicos, y de la que por cierto escribí hace unas semanas en Público junto a mi compañero Pedro Del Cura.

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