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Lo prometido es deuda

En algún otro momento he tratado de analizar aquí el debate sobre la llamada ‘antipolítica’, esa fiebre de desprestigio de la representación de cosa pública que recorre la opinión publicada y que ésta pretende reducir a la supuesta demagogia de movilizaciones como la del 25S. Tal como yo lo veo, la verdadera antipolítica reside en la campaña de asalto y derribo de la derecha a cualquier control democrático efectivo, y que tiene en la eliminación de los salarios a los diputados en Castilla-La Mancha o en el planteamiento del PP de reducción del número de cargos electos en ayuntamientos algunos de sus exponentes más claros. Pero estas medidas serían simple populismo efectista si no fuesen acompañadas de una apuesta firme por el desmantelamiento de algunos pilares fundamentales del ordenamiento jurídico en que se plasman consensos básicos de nuestra democracia representativa. Por ejemplo: la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que prepara el Gobierno dibuja un escenario competencial y un encaje institucional de los Ayuntamientos que los reduce a poco menos que delegaciones territoriales que si en algo se diferencian de los municipios del franquismo es en que los alcaldes no son nombrados a dedo por el Gobernador civil (al tiempo). Pero sobre esto, merecerá la pena detenerse más en profundidad en otro artículo más adelante, de manera monográfica.

Si lo menciono ahora es como ejemplo de determinadas decisiones que, dentro de la campaña antipolítica de la derecha, se están tomando allanadas con un discurso muy generalizado según el cual las comunidades autónomas y los ayuntamientos son sumideros de dinero público, tragaperras despilfarradoras que componen una arquitectura institucional que la crisis ha revelado como “inviable”, intrínsicamente “insostenible”. Al margen de que este juicio merece una contestación radical (interesantes, en este sentido, análisis como el que realiza Alberto Garzón aquí), la realidad entre las bambalinas del teatro de la crisis es que hay un astuto apuntador que dicta un guión al servicio de la banca y que consiste, básicamente, en convertir en deuda pública y, por tanto, pagada con el dinero de todos, la pella privada producto de la especulación financiera.

La reforma de la Constitución que el PSOE y el PP perpetraron en 2011 con agostosidad y alevosía en 2011 ya impuso el pago de los préstamos bancarios como una prioridad de la administración pública frente al cumplimiento de los derechos sociales reconocidos por la misma Carta Magna. Esto permite el siguiente giro de tuerca: ya no es necesaria la impopular inyección directa de cantidades ingentes de dinero público en la banca privada. Ésta puede tapar el agujero de su codicia y mala gestión sencillamente a través de su relación financiera habitual con la administración, que se ha visto sorprendentemente reforzada y acrecentada desde que estalló la crisis. Así, el Decreto de Pago que dictó el Gobierno de Rajoy en febrero para que los ayuntamientos hiciesen aflorar su deuda con proveedores ilustra bien el negocio redondo: el Banco Central Europeo presta a la banca privada dinero público al 1% de interés y ésta lo “pone en manos” de los ayuntamientos a un interés del 6%, y éstos consiguen saldar la deuda que tenían con proveedores aunque en verdad ésta se ha convertido en deuda con los bancos. Deuda financiera que ha de amortizarse como prioridad absoluta, antes que garantizar el mantenimiento de los servicios públicos, las inversiones o el sostenimiento del empleo público.

Las políticas de austeridad son la farsa con la que nuestra democracia está transmutándose en una deudocracia: el saneamiento público de la deuda de la banca privada a costa de los elementos característicos de una pretendida democracia social avanzada. Y el resultado es suicida, ya que la deuda pública no deja de crecer. Según nos informa hoy El País, el gasto corriente de las Comunidades Autónomas ha crecido un 15% a lo largo de este año, y eso a pesar de los salvajes recortes en educación, sanidad, dependencia o empleo público. La razón es que los gastos financieros (pago de altos intereses a los bancos a través de los que les llega la financiación del Estado o el Banco Central Europeo) han subido un 48%. Y no olvidemos que la caracterización de la deuda en España no ha sido, en el estallido de la crisis, un problema ni de la administración ni de las familias precisamente, como podemos ver en este gráfico.

El precio es altísimo, ya que el ataque a lo público es paralelo a una pérdida efectiva de soberanía para los gobiernos autonómicos y locales, que cada vez tienen un margen más estrecha para la política, y por tanto, para demostrar que hay alternativas a las políticas neoliberales. Ante este panorama, y con unas perspectivas inciertas pero a peor, se hace cada vez más urgente y necesario que quienes tenemos un compromiso con la defensa de la democracia y lo público, hagamos frente común para trazar una hoja de ruta de resistencia activa y respuesta a la ofensiva. El tiempo de las reformulaciones en el sentido menos gravoso de los recortes impuestos se agota, porque la agenda pactada entre Rajoy y el capital especulativo no conoce límites ni líneas rojas, y está arrasando con el tejido económico real y el Estado del Bienestar. No son tiempos para hacernos los héroes ni los mártires, pero sí para pararnos a pensar y tejer alianzas entre la política representativa de izquierdas, los movimientos sociales, el mundo de la economía productiva… y acumular fuerzas en una respuesta contundente y efectiva.

Ahora que ya sabemos que lo prometido por el PP es deuda, comprometamos alternativas.

 

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