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Madrid, 2 de mayo de 2017: ‘¡Mueran las caenas!’

A Cristina Cifuentes le viene este Dos de Mayo como anillo al dedo para celebrar algo más que la fiesta autonómica de Madrid. Nada como un buen sarao para trasmitir normalidad, para reivindicar la inercia por la que el mundo sigue girando y las cosas fluyen. Hoy, la presidenta se envuelve en la bandera roja con las siete estrellas blancas de la Osa Mayor y lanza el mensaje de que la tormenta de corrupción destapada por la ‘operación Lezo’ no impide que ella, como dicta el guión de la cortesía institucional y la tradición, monte en la Real Casa de Correos la misma gala de todos los años.

En sus casi dos años de gobierno, Cifuentes no ha escatimado esfuerzos para marcar distancias respecto a la era Aguirre y su apéndice Ignacio González. Las últimas semanas, sin embargo, nos han recordado que Cifuentes ya era diputada autonómica cuando el ‘Tamayazo’ (2003) y que de hecho lo llevaba siendo doce años, y que en su dilatada trayectoria política ha ocupado responsabilidades como la de portavoz del grupo popular en la Comisión parlamentaria de Vigilancia de las Contrataciones –en el Madrid de la Gürtel y la Púnica; dato este, por cierto, oculto en su perfil biográfico como diputada y en el de presidenta regional– o diversos cargos orgánicos directivos en el PP madrileño que presidía Aguirre. Pero sobre todo, las últimas semanas en que han aflorado detalles escandalosos sobre el saqueo del Canal de Isabel II han salpicado a la actual presidenta poniendo de relieve un aspecto que hasta ahora había pasado desapercibido –y también obviado en sus reseñas oficiales-: fue vocal del consejo de administración del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, fechas incluidas en las investigaciones judiciales del mandato de González. Mientras intentaban privatizarnos el agua para llevárselo crudo, Cristina Cifuentes también estaba ahí. Y no dijo ni mu.

No se trata tanto de pillar a la presidenta en un renuncio, o de ponerla en el aprieto de dar unas explicaciones que ya están llegando tarde, como de analizar la magnitud de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid en los últimos años y comprender que la corrupción no es un triste culebrón al que debamos resignarnos. En Madrid, la corrupción es la forma de gobierno del Partido Popular; no sólo por las conexiones entre el manejo de dinero público y el engranaje de financiación del propio partido que están también bajo la lupa de la justicia, sino, fundamentalmente, por la frivolidad calculada con la que se ha despreciado lo público, poniéndolo al servicio del mejor postor. El modelo del PP ha sido el de un capitalismo de amiguetes y cuñados mimados en el pesebre del contribuyente. Por eso, la cara B de los recortes y las privatizaciones es la corrupción. Así, la transferencia de recursos de la educación pública a la concertada no era un limpio cruce de cifras en un Excel, sino el mecanismo por el que Granados podía cobrar por debajo de la mesa 900.000 euros por cada colegio concertado adjudicado. Así, los ocho hospitales construidos por Aguirre entre 2003 y 2007 se costeaban con financiación adelantada por las constructoras adjudicatarias a cambio de un canon de dinero público durante décadas y de abrir el sistema sanitario al capital como una “oportunidad de negocio”, según vendía el propio Gobierno autonómico.

Cristina Cifuentes no se ha movido ni un milímetro de ese modelo de gestión. No hay nada en su balance de gobierno en esta mitad de legislatura que se desmarque de las políticas de sus antecesores. Por eso el debate no puede limitarse a cuánto tarda un imputado en dimitir o si ella en concreto estaba o no estaba sentada en el consejo de administración del Canal mientras se desviaban fondos –aunque, vuelvo a decir, ahí estaba y no ha dado ni una sola explicación al respecto-. Si para algo ha servido la ‘operación Lezo’ con las informaciones de las semanas recientes ha sido para confirmar que la corrupción del PP no es una plaga ni la solución a la misma puede reducirse a una supuesta regeneración ética que lo único que ha conseguido en estos dos años es que hayan dimitido veinte diputados autonómicos del PP (el 40% del grupo parlamentario electo originariamente), mientras las políticas del Gobierno de Cifuentes siguen siendo, en lo esencial, las mismas que las de Aguirre o González. Un coladero para la corrupción.

La opción de una moción de censura en la Comunidad de Madrid no es sólo posible aritméticamente, sino que es una obligación intentarlo, impulsando un diálogo que trascienda de las paredes de la asamblea y salga a la calle: el colapso hoy del PP en las instituciones madrileñas confirma aquello que prendió la lucha de las Mareas verde y blanca o de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. Una alternativa inmediata al gobierno de Cifuentes puede y debe construirse con los actores sociales que han plantado cara al desmantelamiento de lo público. Una alternativa que debería ser de transición, condicionada a que los madrileños y madrileñas puedan tomar directamente la palabra lo antes posible en unas elecciones anticipadas.

El 2 de mayo de 1808 las gentes de Madrid se levantaron contra la invasión de una potencia extranjera, invasión negociada por la misma familia real que huía para volver, tras la Guerra de Independencia, a imponer el absolutismo. El potencial transformador de un pueblo que se rebelaba a que su soberanía fuese mal vendida en 1808 contrastaba con el famoso ‘¡Vivan las caenas!’ de 1814. Cifuentes lo sabe, y quiere salir de esta tormenta sin despeinarse y que sus fastos este 2 de mayo sirvan para acelerar en pocas semanas su particular tránsito de 1808 a 1814. Pero Madrid no puede permitirse ni un minuto más de las políticas intrínsecamente corruptas del Partido Popular. ‘¡Mueran las caenas!’.

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