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El interés general por encima de los chanchullos de Aguirre

En Rivas, empezamos el curso pisando fuerte. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda aprobó el 14 de septiembre emprender acciones legales contra la sociedad de inversión SCI, participada accionarialmente por el Grupo Ortiz, con el objetivo de forzar una renegociación o anular el contrato firmado por el IVIMA en 2005, que acabó imponiéndose a las espaldas de nuestra EMV en virtud de un convenio firmado con el instituto autonómico para la gestión de una promoción de viviendas sociales de alquiler. Aquel contrato firmado por el Gobierno de Esperanza Aguirre supone un desembolso anual –hasta 2023- de un canon de más de un millón de euros para la EMV, aunque los ingresos por los arrendamientos no llegan al medio millón y a pesar de que cuando finalice el contrato la constructora –del grupo Ortiz- habrá recibido más de cuatro veces el dinero que invirtió en levantar los pisos.

Es un contrato claramente “abusivo y lesivo para los intereses municipales”. No lo digo yo, lo afirma un informe de la Interventora General del Ayuntamiento. Es por ello que casi todos los grupos municipales apoyaron la decisión tomada por el Consejo de Administración. Sí: CASI todos, porque el Partido Popular se abstuvo. A la pregunta: ¿por qué los vecinos y vecinas de Rivas tenemos que cargar sobre nuestras espaldas con los negocios que Aguirre diseñó para sus amiguetes?, el PP de Rivas no sabe, no contesta, pero con su silencio no está poniéndose precisamente del lado de los vecinos y vecinas de la ciudad, ni de quienes viven en esas viviendas sociales, ni de lo público.

Llegamos a esta situación después de varios intentos de diálogo con la empresa constructora contratista. Ojalá no hubiésemos tenido que recurrir a la vía judicial. Una de las primeras decisiones de Pedro Del Cura como alcalde fue la de revisar ese contrato, dentro del compromiso general por el sostenimiento, transparencia y nuevo impulso para la EMV que nos ha llevado en dos años a implementar una renta social que bonifica los alquileres de acuerdo a las necesidades de cada familia solicitante, desbloquear el VI Plan de Vivienda –cuya primera fase está a punto de entregarse, para alivio de las familias adjudicatarias- o municipalizar el servicio de alquiler, garantizando que el único interés que impere es el público. Todo este esfuerzo no va a tirarlo por la borda ningún chiringuito heredado forzosamente de la era Aguirre en la Comunidad de Madrid: no lo vamos a permitir.

La empresa SCI, del grupo Ortiz, no sólo no ha querido una solución justa negociada, sino que ha emprendido acciones judiciales contra el alcalde y miembros de antiguos consejos de administración de la EMV. No nos asustan estas estrategias de presión, ni ninguna otra. Mucho menos cuando hablamos de un grupo empresarial con varias sociedades que han aparecido recientemente citadas en investigaciones judiciales sobre tramas de corrupción política y casos de financiación ilegal del PP o CiU. El derecho a la vivienda, la función social de la misma y el interés general están por encima de los muchos chanchullos que los gobiernos de Aguirre propiciaron.

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