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Madrid, 2 de mayo de 2017: ‘¡Mueran las caenas!’

A Cristina Cifuentes le viene este Dos de Mayo como anillo al dedo para celebrar algo más que la fiesta autonómica de Madrid. Nada como un buen sarao para trasmitir normalidad, para reivindicar la inercia por la que el mundo sigue girando y las cosas fluyen. Hoy, la presidenta se envuelve en la bandera roja con las siete estrellas blancas de la Osa Mayor y lanza el mensaje de que la tormenta de corrupción destapada por la ‘operación Lezo’ no impide que ella, como dicta el guión de la cortesía institucional y la tradición, monte en la Real Casa de Correos la misma gala de todos los años.

En sus casi dos años de gobierno, Cifuentes no ha escatimado esfuerzos para marcar distancias respecto a la era Aguirre y su apéndice Ignacio González. Las últimas semanas, sin embargo, nos han recordado que Cifuentes ya era diputada autonómica cuando el ‘Tamayazo’ (2003) y que de hecho lo llevaba siendo doce años, y que en su dilatada trayectoria política ha ocupado responsabilidades como la de portavoz del grupo popular en la Comisión parlamentaria de Vigilancia de las Contrataciones –en el Madrid de la Gürtel y la Púnica; dato este, por cierto, oculto en su perfil biográfico como diputada y en el de presidenta regional– o diversos cargos orgánicos directivos en el PP madrileño que presidía Aguirre. Pero sobre todo, las últimas semanas en que han aflorado detalles escandalosos sobre el saqueo del Canal de Isabel II han salpicado a la actual presidenta poniendo de relieve un aspecto que hasta ahora había pasado desapercibido –y también obviado en sus reseñas oficiales-: fue vocal del consejo de administración del Canal de Isabel II entre 2012 y 2014, fechas incluidas en las investigaciones judiciales del mandato de González. Mientras intentaban privatizarnos el agua para llevárselo crudo, Cristina Cifuentes también estaba ahí. Y no dijo ni mu. More…

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El interés general por encima de los chanchullos de Aguirre

En Rivas, empezamos el curso pisando fuerte. El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda aprobó el 14 de septiembre emprender acciones legales contra la sociedad de inversión SCI, participada accionarialmente por el Grupo Ortiz, con el objetivo de forzar una renegociación o anular el contrato firmado por el IVIMA en 2005, que acabó imponiéndose a las espaldas de nuestra EMV en virtud de un convenio firmado con el instituto autonómico para la gestión de una promoción de viviendas sociales de alquiler. Aquel contrato firmado por el Gobierno de Esperanza Aguirre supone un desembolso anual –hasta 2023- de un canon de más de un millón de euros para la EMV, aunque los ingresos por los arrendamientos no llegan al medio millón y a pesar de que cuando finalice el contrato la constructora –del grupo Ortiz- habrá recibido más de cuatro veces el dinero que invirtió en levantar los pisos.

Es un contrato claramente “abusivo y lesivo para los intereses municipales”. No lo digo yo, lo afirma un informe de la Interventora General del Ayuntamiento. Es por ello que casi todos los grupos municipales apoyaron la decisión tomada por el Consejo de Administración. Sí: CASI todos, porque el Partido Popular se abstuvo. A la pregunta: ¿por qué los vecinos y vecinas de Rivas tenemos que cargar sobre nuestras espaldas con los negocios que Aguirre diseñó para sus amiguetes?, el PP de Rivas no sabe, no contesta, pero con su silencio no está poniéndose precisamente del lado de los vecinos y vecinas de la ciudad, ni de quienes viven en esas viviendas sociales, ni de lo público.

Llegamos a esta situación después de varios intentos de diálogo con la empresa constructora contratista. Ojalá no hubiésemos tenido que recurrir a la vía judicial. Una de las primeras decisiones de Pedro Del Cura como alcalde fue la de revisar ese contrato, dentro del compromiso general por el sostenimiento, transparencia y nuevo impulso para la EMV que nos ha llevado en dos años a implementar una renta social que bonifica los alquileres de acuerdo a las necesidades de cada familia solicitante, desbloquear el VI Plan de Vivienda –cuya primera fase está a punto de entregarse, para alivio de las familias adjudicatarias- o municipalizar el servicio de alquiler, garantizando que el único interés que impere es el público. Todo este esfuerzo no va a tirarlo por la borda ningún chiringuito heredado forzosamente de la era Aguirre en la Comunidad de Madrid: no lo vamos a permitir.

La empresa SCI, del grupo Ortiz, no sólo no ha querido una solución justa negociada, sino que ha emprendido acciones judiciales contra el alcalde y miembros de antiguos consejos de administración de la EMV. No nos asustan estas estrategias de presión, ni ninguna otra. Mucho menos cuando hablamos de un grupo empresarial con varias sociedades que han aparecido recientemente citadas en investigaciones judiciales sobre tramas de corrupción política y casos de financiación ilegal del PP o CiU. El derecho a la vivienda, la función social de la misma y el interés general están por encima de los muchos chanchullos que los gobiernos de Aguirre propiciaron.

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Todos los fuegos Aguirre

El Partido Popular no sabe a qué mano pasar la patata abrasada llamada Bárcenas. Los 22 millones de euros depositados a buen recaudo en Suiza por el ex tesorero del Partido Popular y pieza clave en las investigaciones de la trama ‘Gürtel’ podrían ser la punta del iceberg de un escándalo de financiación irregular cuyo alcance aún se desconoce, a juzgar por la escalada de declaraciones de antiguos dirigentes o cargos públicos del PP que dan fe de cómo Bárcenas hacía rular sobres con dietas y sobresueldos en dinero negro en Génova. Rajoy y Cospedal pretenden reducir el escándalo a la absoluta falta de honorabilidad del otrora apreciado contable y a un mal menor subsanable con una auditoría externa, pero, mientras, éste amenaza con tirar de la manta y dejar a la plana mayor del partido en pelotas. More…

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